En los últimos años, Glovo ha enfrentado controversias por su modelo laboral basado en repartidores autónomos, considerados por las autoridades como “falsos autónomos”. Esta situación ha derivado en sanciones significativas y procesos judiciales.
Este artículo analiza la situación actual de Glovo, las sanciones impuestas, las posibles repercusiones penales para sus directivos y el impacto en el sector del reparto a domicilio.
Contexto: Glovo y el modelo de los falsos autónomos
Fundada en 2015, Glovo surgió como una innovadora plataforma de reparto a domicilio, facilitando la conexión entre usuarios y comercios para la entrega de productos en tiempo récord.
Con sede en Barcelona, la empresa ha experimentado un rápido crecimiento, extendiendo su servicio a más de 25 países y posicionándose como líder en el sector del delivery en España.
Su modelo de negocio, basado principalmente en repartidores autónomos, ha sido clave para su expansión, aunque también ha generado importantes controversias legales y sociales en los últimos años.
Cronología: La historia de Glovo
2015: Fundación
- Glovo nace en Barcelona, fundada por Oscar Pierre y Sacha Michaud, como una plataforma de recados y reparto a domicilio.
2016-2017: Expansión
- Se expande a Madrid y Europa, entrando también en América Latina. Comienza a captar inversión y crecer rápidamente.
2018-2019: Consolidación y controversias
- Se convierte en líder en España, pero enfrenta las primeras denuncias por su modelo de “falsos autónomos.”
2020: Auge y pandemia
- La COVID-19 impulsa su actividad, pero las inspecciones laborales y sanciones aumentan.
2021-2022: Ley Rider y reestructuración
- La Ley Rider obliga a contratar repartidores como empleados. Glovo adopta cambios que las autoridades consideran insuficientes.
2023: Multas millonarias
- Enfrenta sanciones por más de 79 millones de euros, manteniéndose en el foco del debate sobre derechos laborales.
2024: Futuro incierto
- La empresa busca adaptarse o arriesga nuevas sanciones y deterioro reputacional.
Funcionamiento del modelo de autónomos
Desde sus inicios, Glovo ha basado su operación en un modelo en el que los repartidores son considerados autónomos. Según la empresa, este esquema les otorga flexibilidad para decidir cuándo y dónde trabajar.
Sin embargo, este enfoque ha suscitado controversias, ya que las condiciones laborales y la dependencia de los repartidores hacia la plataforma han llevado a las autoridades a cuestionar si realmente se trata de una relación autónoma o si encubre un vínculo laboral. Este modelo ha estado en el centro de numerosas disputas legales y sanciones impuestas a la compañía.
Sanciones impuestas a Glovo por la Seguridad Social
Glovo ha enfrentado diversas sanciones por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en España debido a la clasificación de sus repartidores como autónomos, práctica que las autoridades consideran un incumplimiento de la normativa laboral vigente.
Multas acumuladas
Hasta enero de 2023, las sanciones impuestas a Glovo sumaban aproximadamente 205,3 millones de euros. Estas multas derivan de la utilización de “falsos autónomos” y de la contratación irregular de trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo.
En septiembre de 2022, la empresa fue sancionada con 79 millones de euros por mantener a 10.600 repartidores como autónomos en varias ciudades, incumpliendo la normativa laboral.
Posteriormente, en enero de 2023, la Inspección de Trabajo impuso una nueva sanción de 56,7 millones de euros por emplear a 7.022 repartidores como falsos autónomos en Madrid y por trabajo irregular de personas extranjeras sin autorización.
Incumplimiento de la ‘ley rider’
La ‘ley rider’, en vigor desde agosto de 2021, establece la obligación de contratar a los repartidores como asalariados, reconociendo su relación laboral con las plataformas digitales de reparto. A pesar de esta normativa, Glovo mantuvo su modelo de autónomos, lo que ha derivado en nuevas sanciones por parte de la Inspección de Trabajo.
En enero de 2024, la Inspección de Trabajo emitió la primera sanción contra Glovo por el modelo de contratación de repartidores autónomos que implementó tras la aprobación de la ‘ley rider’, considerando que la empresa continuaba incumpliendo la normativa al no reconocer la laboralidad de sus repartidores.
Además, en diciembre de 2024, Glovo anunció su intención de abandonar el modelo de falsos autónomos y adoptar un modelo laboral en el que sus repartidores serán contratados formalmente, en respuesta a las sanciones acumuladas y a la presión legal.
Repercusiones penales para los directivos de Glovo
El modelo de negocio de Glovo no solo ha desencadenado sanciones administrativas por parte de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, sino también un proceso penal que afecta directamente a sus altos directivos.
En este contexto, el fundador y actual CEO de Glovo, Óscar Pierre, ha sido citado a declarar como imputado. La investigación judicial, promovida por los presuntos incumplimientos sistemáticos de la legislación laboral, busca esclarecer si los directivos cometieron delitos contra los derechos de los trabajadores, una infracción grave recogida en el Código Penal.
Posibles penas
El artículo 311 del Código Penal establece penas significativas para quienes utilicen mecanismos fraudulentos para vulnerar derechos laborales. En este caso, las autoridades investigan si el modelo de los “falsos autónomos” aplicado por Glovo constituye un delito doloso que implicaría sanciones graves. Según este artículo, las penas incluyen:
- Prisión de 6 meses a 6 años para los responsables.
- Multa económica de 6 a 12 meses, cuyo importe depende de los ingresos del condenado.
- Inhabilitación profesional, que podría prohibir a los directivos ejercer actividades relacionadas con la administración de empresas.
Conclusión: Impacto en el sector del reparto a domicilio
El caso de Glovo y las sanciones relacionadas con su modelo laboral están marcando un antes y un después en el sector del reparto a domicilio. La presión judicial y las elevadas multas no solo afectan a la empresa, sino que también generan un efecto dominó en otras plataformas digitales.
Por otro lado, este escenario impulsa un debate sobre la sostenibilidad de la economía de plataformas en un contexto donde la normativa laboral es cada vez más estricta. A largo plazo, el resultado de este proceso podría redefinir la relación entre las plataformas y sus repartidores, promoviendo mayor estabilidad laboral pero también mayores retos operativos y financieros para las empresas del sector.
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