Abogados de Divorcio en Barcelona: Mediación en los trámites de separación.

Expertos en Derecho de Familia

Los abogados de nuestro despacho cuentan con amplia experiencia al abordar todos los aspectos legales que se puedan derivar de una crisis matrimonial. Expónganos su caso sin compromiso.

En caso de ruptura matrimonial, los especialistas de TORO PUJOL ABOGADOS, agotarán las vías de negociación con la finalidad de que, si existe posibilidad de pacto o acuerdo amistoso entre los cónyuges, puedan evitarse éstos la tramitación del correspondiente procedimiento judicial.

No obstante, cuando la indicada vía de mediación o consensual deviene imposible por el distanciamiento de las posturas entre las partes o se paraliza por algún otro motivo, resulta necesario convertir el caso en contencioso y solicitar rápidamente el auxilio judicial, mediante la interposición de una demanda, para que los intereses de nuestros clientes no se vean perjudicados por este lapso temporal.

En estos procedimientos judiciales, se deciden por un lado medidas de carácter personal: (i) la atribución del uso del domicilio conyugal; (ii) régimen de la custodia; y de carácter patrimonial: (i) pensión compensatoria; (ii) pensión por alimentos; (iii) indemnización por razón de trabajo; (iv) liquidación del régimen económico matrimonial y división de la cosa común.

En Cataluña rige la Ley 25/2010, aplicable a aquellos procedimientos de divorcio y separación iniciados tras el 1 de enero de 2011 o bien aquellos iniciados con anterioridad si los cónyuges se someten a su regulación de mutuo acuerdo.

Se trata, esta última, de una Ley innovadora si la comparamos con la legislación existente a nivel estatal y de otras comunidades autónomas.

Entre las NOVEDADES más destacadas podemos enumerar las siguientes:

Se modifica el clásico régimen de la guarda y custodia y el correlativo régimen de visitas preferente hasta la fecha, sustituyéndolo por la preferencia de la guarda y custodia compartida.

A los anteriores efectos, se requiere por la legislación de familia la elaboración de un “plan de parentalidad” como instrumento para los cónyuges en el que deberán constar los siguientes aspectos: El lugar o lugares donde vivirán los hijos habitualmente. Deben incluirse reglas que permitan determinar a qué progenitor le corresponde la guarda en cada momento, en una clara referencia a la custodia compartida. Las tareas de que debe responsabilizarse cada progenitor con relación a las actividades cotidianas de los hijos. La forma en que deben hacerse los cambios en la guarda y, si procede, cómo deben repartirse los costes que generen. El régimen de relación y comunicación con los hijos durante los períodos en que un progenitor no los tenga con él. El régimen de estancias de los hijos con cada uno de los progenitores en períodos de vacaciones y en fechas especialmente señaladas para los hijos, para los progenitores o para su familia. El tipo de educación y las actividades extraescolares, formativas y de tiempo libre, si procede. La forma de cumplir el deber de compartir toda la información sobre la educación, la salud y el bienestar de los hijos. La forma de tomar las decisiones relativas al cambio de domicilio y a otras cuestiones relevantes para los hijos

Una medida muy importante es la relativa al uso del domicilio conyugal. En relación con el mismo, y como es conocido, antes de la entrada en vigor de la Ley 25/2010, se adjudicaba, casi automáticamente, al cónyuge bajo cuya custodia quedaban los hijos menores de edad. Con la nueva regulación, esta adjudicación automática queda mitigada por un lado, al prevalecimiento de la guarda y custodia compartida y por el otro, al criterio de la mayor necesidad de uno de los cónyuges, entre otros aspectos. Además, se establece que ese uso del domicilio conyugal forma parte de la pensión alimenticia. En cuanto a este uso del domicilio, resulta fundamental el hecho de que prácticamente queda erradicada la atribución del uso del domicilio familiar vitalicio.

Se establece la posibilidad de lograr un pronunciamiento relativo al régimen de las relaciones de los hijos con los abuelos y los hermanos mayores de edad que no convivan con ellos.

Se incluye la mediación familiar como instrumento preferente para la solución de conflictos.

Se modifican los requisitos, el modo de abono, la duración y la intensidad para acordar la antigua indemnización por razón de trabajo prevista en el artículo 41 del Código de Familia así como para la pensión compensatoria acogiendo los requisitos que ya venía estableciendo la jurisprudencia de nuestras Audiencias Provinciales así como nuestro Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

Por último, en función de las circunstancias personales y económicas del cónyuge, la demanda podrá ir acompañada de:

Solicitud de medidas provisionales previas o coetáneas a la demanda principal: Mientras se sustancia el procedimiento judicial principal, se interpondrá demanda dirigida al Juzgado de Primera Instancia para que dicte las medidas provisionales, en las que se instará al Juzgado para que se pronuncie sobre: la revocación de la presunción de convivencia conyugal y de los consentimientos y poderes que cualquiera de los cónyuges hubiera otorgado a favor del otro. Determinar, en interés de los hijos, si ambos cónyuges ejercerán la patria potestad y la forma en la que se llevará a cabo la guarda y custodia (exclusiva o compartida) respecto de los hijos menores. En el primero de los casos, se regulará el deber de velar por éstos, el tiempo, modo y lugar en que podrá comunicar con ellos y tenerlos en su compañía. Determinar cuál de los cónyuges ha de continuar en el uso de la vivienda familiar. Determinar qué cantidad deberá abonar cada cónyuge para el sostenimiento de los hijos comunes.

Solicitud de medidas urgentes: Se han de tener en cuenta asimismo aquellas situaciones en las que exista riesgo de sustracción del menor por alguno de los cónyuges o por terceras personas en aquellos casos, por ejemplo, por ser uno de estos de nacionalidad distinta.