Obtener el reconocimiento de una incapacidad permanente absoluta no es un proceso sencillo, especialmente cuando la patología que la causa es una enfermedad autoinmune. Muchas personas que padecen estas afecciones ven cómo sus síntomas afectan gravemente su capacidad para trabajar, pero la Seguridad Social a menudo rechaza sus solicitudes por considerar que pueden desempeñar otras funciones.
Este fue el caso de una trabajadora con una enfermedad autoinmune incapacitante que, tras un largo proceso judicial, logró que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid reconociera su derecho a una pensión del 100% de su base reguladora. En este artículo, analizamos en detalle esta resolución y qué criterios se tienen en cuenta para conceder una incapacidad por enfermedades autoinmunes.
La enfermedad autoinmune en el contexto de la incapacidad
Las enfermedades autoinmunes son aquellas en las que el propio sistema inmunológico ataca por error a células y tejidos sanos del organismo. Estas patologías pueden afectar a múltiples órganos y sistemas, provocando síntomas crónicos y debilitantes que pueden llegar a impedir el desempeño de una actividad laboral con normalidad.
Entre las enfermedades autoinmunes más comunes se encuentran la esclerosis múltiple, el lupus, la artritis reumatoide y la enfermedad de Crohn, aunque existen muchas otras que pueden causar discapacidad. En el caso que nos ocupa, la trabajadora padecía una enfermedad reumatológica mixta, una afección que le ocasionaba pérdida de audición, afectaciones óseas y neurológicas, temblores e incontinencia fecal severa, un conjunto de síntomas que hacían inviable su desempeño profesional.
Impacto en la vida laboral
Los efectos de estas enfermedades no solo afectan la calidad de vida de quienes las padecen, sino que limitan gravemente su capacidad para trabajar. Fatiga extrema, dolor crónico, pérdida de movilidad y problemas digestivos o neurológicos pueden hacer que una persona sea incapaz de mantener una jornada laboral estable.
Además, muchas enfermedades autoinmunes conllevan un estado de inmunosupresión, bien por la propia enfermedad o por los tratamientos requeridos (como los inmunosupresores o corticoides). Esto aumenta el riesgo de infecciones y puede hacer que un entorno de trabajo se convierta en un peligro para la salud del trabajador. En el caso de la demandante, su sistema inmunológico comprometido le impedía exponerse a entornos laborales donde el contacto con otras personas pudiera derivar en infecciones que pusieran en riesgo su bienestar.
La combinación de estos factores llevó a que se recurriera la resolución inicial de la Seguridad Social, con el objetivo de conseguir el reconocimiento de una incapacidad permanente absoluta.
El caso ganado: Incapacidad absoluta concedida por el TSJ de Madrid
El proceso judicial comenzó cuando la trabajadora solicitó la incapacidad permanente absoluta ante la Seguridad Social. En una primera instancia, su solicitud fue denegada, otorgándole únicamente una incapacidad permanente total, lo que limitaba su pensión al 55% de su base reguladora.
Ante esta resolución, el equipo de Toro Abogados, con el abogado Graciano Tamame al frente del caso, interpuso un recurso argumentando que las limitaciones de la trabajadora no solo afectaban a su empleo habitual, sino que impedían cualquier actividad profesional de manera estable y eficaz.
Los argumentos de la defensa
El recurso presentado se basó en los siguientes puntos clave:
- Limitaciones severas e incompatibilidad con cualquier trabajo: La afectada no solo tenía problemas físicos graves, sino que su enfermedad le obligaba a acudir al baño hasta ocho veces al día, lo que hacía inviable cualquier desempeño laboral con continuidad.
- Riesgo para su salud en cualquier entorno de trabajo: Su inmunosupresión y su vulnerabilidad ante infecciones hacían imposible su integración en cualquier puesto de trabajo sin comprometer su bienestar.
- Criterios médicos determinantes: Se aportaron informes médicos concluyentes que indicaban que la enfermedad era crónica, degenerativa y sin posibilidades de mejoría, cumpliendo con los requisitos para la concesión de una incapacidad absoluta.
El fallo del Tribunal
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón a la demandante y reconoció su derecho a la incapacidad permanente absoluta, garantizándole una pensión del 100% de su base reguladora.
En su sentencia, el TSJM destacó que “la trabajadora carece de las aptitudes mínimas imprescindibles para la realización de cualquier trabajo con un mínimo de rendimiento y eficacia, por liviano o sencillo que sea”, reconociendo así que su patología le impedía desarrollar cualquier actividad laboral.
Además, la resolución obliga a la Seguridad Social a conceder la pensión con efecto retroactivo desde diciembre de 2021, lo que supone el pago de atrasos y revalorizaciones económicas en beneficio de la trabajadora.
Este caso representa un importante precedente en el reconocimiento de incapacidades para personas con enfermedades autoinmunes, y demuestra la importancia de contar con una defensa jurídica especializada para hacer valer los derechos de los trabajadores en situaciones similares.
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