Primero de todo: ¿Qué es una incapacitación judicial?
La incapacitación judicial por Alzheimer era el proceso mediante el cual un juez determinaba la falta de capacidad de una persona para tomar decisiones debido a su discapacidad intelectual, psíquica o física. Esta medida implicaba que la persona no podía valerse por sí misma y requería de la designación de un tutor legal que velara por sus intereses y tomara decisiones en su nombre.
Sin embargo, con la promulgación de la Ley 8/2021, se produjeron cambios significativos en el ámbito de la capacidad jurídica. En lugar de la tradicional incapacitación, la nueva ley introduce el concepto de curatela. La curatela busca promover la autonomía y la toma de decisiones voluntaria de las personas, respetando en la medida de lo posible su capacidad de autogobierno.
Es importante destacar que, aunque la incapacitación ya no exista como figura legal, la Ley 8/2021 prevé la posibilidad de aplicar la curatela representativa en casos excepcionales, en los que se considere que la persona no puede ejercer su capacidad jurídica de forma autónoma y requiere una representación legal para salvaguardar sus intereses.
¿Quién puede solicitar la incapacitación de una persona con demencia?
La Ley contempla distintas vías para iniciar el proceso de incapacitación judicial por Alzheimer u otras condiciones que afecten la capacidad de una persona. Existen tres posibles iniciadores de este procedimiento:
- El presunto incapacitado: la propia persona que se ve afectada por la enfermedad de Alzheimer puede solicitar su incapacitación judicial. Es poco habitual pero cabe la posibilidad.
- Familiares cercanos: el cónyuge o persona en situación asimilable, ascendientes, descendientes o hermanos del presunto incapacitado también pueden iniciar el proceso. En estos casos, deben presentar una demanda ante el juez, alegando los motivos por los cuales consideran que la persona afectada por el Alzheimer requiere de una declaración de incapacidad.
- El Ministerio Fiscal: en algunos casos, el Ministerio Fiscal puede intervenir de oficio y presentar una demanda de incapacitación judicial. Esta opción se utiliza cuando existen indicios de que la persona no puede ejercer su capacidad de forma adecuada y requiere de medidas de protección.
En todos los casos, el procedimiento de incapacitación judicial por Alzheimer o cualquier otra enfermedad se llevará a cabo ante el juez competente, quien evaluará las pruebas y tomará una decisión basada en el interés y bienestar de la persona afectada.
Pros y contras de incapacitar a una persona
Ventajas de incapacitar a una persona mayor
Una vez establecida la incapacidad judicial, el responsable asume una serie de obligaciones fundamentales para el cuidado y protección del individuo afectado por la enfermedad, como el Alzheimer. Entre los beneficios se encuentran:
- Cuidado y atención integral: el tutor se encarga de velar por la salud y bienestar del enfermo, supervisando y gestionando sus tratamientos médicos, asegurándose de que reciba la atención adecuada y de calidad. Además, se ocupa de atender sus necesidades básicas, como la alimentación y el estado físico general.
- Prevención de riesgos: asimismo, adopta medidas para garantizar la seguridad del tutelado, evitando situaciones de peligro o riesgo para su vida. Esto implica controlar su entorno, prevenir fugas o escapes del hogar que puedan poner en riesgo su integridad física.
- Protección contra fraudes y estafas: una de las responsabilidades más importantes del tutor es proteger a la persona vulnerable de posibles abusos y manipulaciones por parte de terceros. Las enfermedades mentales, como el Alzheimer, pueden hacer a las personas más susceptibles a ser víctimas de fraudes y estafas. El tutor actúa como una barrera de protección, evitando que se realicen transacciones o firmas de documentos perjudiciales para el tutelado, invalidándolos legalmente.
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Inconvenientes de incapacitar a una persona mayor
Entre los contras, podemos significar principalmente dos:
- Tiempo: la resolución judicial en casos de incapacitación puede implicar un período de tiempo que varía desde algunos meses hasta dos años, lo cual puede generar cierta incertidumbre para los involucrados. Sin embargo, es un camino necesario para alcanzar la decisión final. Para agilizar los plazos, es crucial contar con el respaldo de un abogado especializado en la materia.
- Costes: en cuanto a los costes, los familiares que deciden seguir adelante con la demanda de incapacitación deben asumir los honorarios del abogado que lleva el caso. No obstante, estos costos no suelen ser elevados, especialmente si se comparan con las posibles pérdidas y consecuencias negativas que podrían surgir en caso de no seguir adelante con el proceso de incapacitación. Es una inversión que brinda seguridad y protección para el tutelado y su entorno familiar.
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