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+1900 reseñasLos delitos contra los derechos de los trabajadores han cobrado especial importancia en los últimos años. La precariedad laboral, unido en muchos casos a salarios bajos y a unas condiciones de trabajo, que en ocasiones son intolerables, originan gran volumen de procedimientos penales de trasfondo laboral.
Para tener la mejor defensa posible, es conveniente contar con un abogado con experiencia tanto en el campo laboral, como en el del derecho penal. En Toro Pujol Abogados tenemos especialistas en derecho laboral, siendo expertos en despidos, impugnación de sanciones, etc., así como en asuntos penales de todo tipo.
Se regulan en el Título XV del Libro II del Código Penal, en los artículos 311 a 318. El bien jurídico protegido es la vida, la salud, la integridad física y unas condiciones adecuadas de trabajo para los empleados.
Con carácter general, el sujeto activo o autor del delito será empresa, al margen de las concreciones que cada delito y situación requerirá. El sujeto pasivo o víctima, será el trabajador, entendido como la persona que presta su tiempo y capacidades para realizar una actividad en condiciones de productividad y ajenidad.
Se regula en el artículo 311.1 del Código Penal, y castiga con prisión de seis meses a seis años y multa de seis a doce meses a quienes, mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impongan a los trabajadores condiciones laborales o de Seguridad Social que eliminen los derechos que tengan reconocidos.
Recogido en el artículo 311.2 del Código Penal, castiga con prisión de seis meses a seis años y multa de seis a doce meses a quienes den ocupación a una pluralidad de trabajadores sin dar de alta en la Seguridad Social o sin haber obtenido la correspondiente autorización de trabajo, en unos porcentajes en función del tamaño de la empresa.
Contemplado en el artículo 312 del Código Penal, impone la pena de prisión de dos a cinco años y multa de seis a doce meses, los que trafiquen de manera ilegal con mano de obra; y también a quienes recluten personas o las determinen a abandonar su puesto de trabajo ofreciendo empleo o condiciones de trabajo engañosas o falsas, y quienes empleen a extranjeros sin permiso de trabajo en condiciones que eliminen los derechos que tuviesen reconocidos.
Se establece en el artículo 313 del Código Penal que, quien determine o favorezca la emigración de alguna persona a otro país simulando contrato o colocación, o similar engaño, será castigado con la pena de prisión de dos a cinco años y multa de seis a doce meses.
Está tipificado en el artículo 314 del Código Penal y trata de proteger el derecho a la igualdad: castiga con la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a veinticuatro meses, a quienes discriminen en el empleo por ideología, religión, etnia, sexo, identidad sexual, enfermedades, etc.
Se encuentra regulado en el artículo 315 del Código Penal, e impone la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de seis a doce meses los que, mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impidan o limiten el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga. El apartado 2 introduce un tipo agravado: si se realiza mediante coacción, el castigo es de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses.
En los preceptos 316 y 317 del Código Penal se articula este derecho, que impone la pena de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses, a quienes, infringiendo normas de prevención de riesgos laborales, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, poniendo en peligro su vida e integridad física. El artículo 317 supone un tipo atenuado, ya que si se debe a imprudencia grave, se impondrá la pena inferior en grado.
A los diez, cuando la pena máxima señalada por la ley sea prisión o inhabilitación por más de cinco años y que no exceda de diez.
A los cinco, los demás delitos, excepto los delitos leves y los delitos de injurias y calumnias, que prescriben al año”.
Por tanto, los delitos de los artículos 312 a 317 prescribirán a los cinco años, al ser la pena inferior a cinco años de prisión; mientras que los del artículo 311, prescribirán a los diez, al preverse una condena mayor a cinco años de prisión.
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