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Como denunciar negligencia médica

ABOGADOS ESPECIALISTAS EN DENUNCIAR NEGLIGENCIAS MÉDICAS

Cuando un paciente sufre de una dolencia o enfermedad y asiste a los servicios de un hospital público o centro privado de salud, y en la búsqueda de mejorar su condición y su calidad de vida, se encuentra con listas de espera injustificadas para su dolencia, daños sufridos por errores diagnósticos o de tratamiento, y otros errores médicos que traen como consecuencia daños sufridos por el paciente, amerita contactar con un abogado experto en negligencias médicas que lleve su caso contra el centro de salud o profesionales médicos que lo hayan ocasionado.

Es muy importante que disponga de su historia clínica; así como de toda la documentación médica relacionada con su caso. Además, tener un relato claro y detallado de todos los hechos que, junto con la evaluación de peritos médicos especializados, conformarán un relato judicial sólido ante los Tribunales competentes.

¿Quién debe denunciar una negligencia médica?

En primer lugar, debemos preguntarnos quién está legitimado para denunciar una negligencia médica.

  • Será el propio paciente perjudicado el que habrá de interponer la reclamación en su nombre.
  • Si se trata de un menor de edad, serán los padres o tutores quien en nombre de aquel habrán de presentar la reclamación.
  • En el caso de que una negligencia médica haya acabado con el fallecimiento del paciente, las personas legitimadas para reclamar serán sus familiares directos (cónyuge, padres, hijos, hermanos, etc.).

¿Cómo denunciar negligencia médica?

A continuación, explicamos las distintas vías para denunciar una negligencia médica, distinguiendo si la misma se ha producido en el ámbito de la sanidad pública o de la privada.

¿Dónde denunciar negligencias médicas contra la Seguridad Social?

Siempre que el centro, hospital o clínica donde se ha producido la negligencia médica pertenece a la sanidad pública, y en atención a este carácter de Administración Pública, su reclamación puede realizarse a través de varias vías. A continuación, explicamos brevemente las distintas vías para reclamar una negligencia médica ante la sanidad pública, ya que hasta tres jurisdicciones pueden resultar competentes en estos casos:

  • Vía Penal: el procedimiento penal es el menos frecuente en estos casos, pues la negligencia y el resultado producido han de ser de tal grado que implique la comisión de un delito por parte del médico. Esta vía se reservaría para aquellas conductas que han producido daños personales (lesiones, muerte) por una imprudencia profesional que ha olvidado las normas más elementales y primarias de la profesión. En estos casos tras la denuncia del perjudicado se inicia la fase de instrucción donde se van practicando distintas diligencias de prueba (declaraciones de los investigados, testigos, documentos, informes forenses…) para determinar si hay indicios que permitan abrir la posterior fase de juicio. En caso de que la sentencia sea condenatoria al margen de la pena a que haya lugar (prisión, multa, inhabilitación profesional, etc.) también se condena al médico y a su aseguradora a abonar las indemnizaciones derivadas de su mala praxis médica. En caso de que se considerara que los hechos no son de la entidad suficiente como para calificarlos como delito, ello no impediría acudir con posterioridad a la vía civil. El plazo de prescripción dependerá del concreto delito que se impute al médico.
  • Vía Contencioso-administrativa: otra de las posibilidades cuando nos encontramos ante la sanidad pública es interponer una reclamación patrimonial contra la Administración por los daños que la actuación médica ha producido. Su fundamento se halla recogido en el 106.2 de la Constitución el cual señala que: “Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”. En estos casos hay que seguir un primer procedimiento que se sustancia ante la propia Administración a la que se reclama (Seguridad social, servicios sanitarios autonómicos) hasta que esta dicta una resolución definitiva (normalmente denegatoria). Una vez finalizada la fase administrativa se puede acudir a los Juzgados de lo contencioso administrativo para que revisen si la actuación de la Administración ha sido correcta o bien debe considerarse a la misma responsable de los daños causados. En nuestra opinión, la vía administrativa resulta larga y farragosa, pues antes de poder acudir a los tribunales debe tramitarse todo un procedimiento administrativo previo que alarga la resolución y en el que además la Administración cuenta con una serie de privilegios procesales. El plazo de prescripción en estos casos es de un año a contar desde que se conoce cuál es el alcance de los daños causados.
  • Vía Civil: finalmente, la tercera vía es la de los tribunales civiles, haciendo uso de la denominada acción directa del perjudicado. En estos casos, la demanda se interpone contra la compañía aseguradora del hospital o centro sanitario donde se ha producido la negligencia que al tratarse de una persona jurídica privada ha de ser demandada ante el orden civil. En la jurisdicción civil se examinará si efectivamente concurren los presupuestos de la responsabilidad civil extracontractual y en caso afirmativo se condenará a indemnizar los daños producidos. Dicha responsabilidad surge del principio general alterum non laedere, es decir, la prohibición de causar daño a otros y que actualmente aparece recogido en el 1902 de nuestro Código civil: “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.” En nuestra opinión esta vía es la que más ventajas ofrece ya que el procedimiento es más ágil y rápido y los jueces civiles están muy versados en temas de responsabilidad civil. Para el ejercicio de la acción directa contra la aseguradora el plazo es de un año a contar desde que se conoce cuál es el alcance de los daños causados.

¿Dónde denunciar negligencias médicas contra la Sanidad privada?

Las demandas por negligencia médica pueden interponerse bien ante

  • La jurisdicción penal (en los mismos casos que cuando se trata de sanidad pública) o bien
  • ante los tribunales civiles contra la persona jurídica responsable de la prestación de los servicios médicos (puede ser una Mutua, una sociedad mercantil, una aseguradora de asistencia sanitaria, etc.) y también o únicamente contra la compañía de seguros que cubra la responsabilidad civil de esa persona jurídica.
  • Cuando se demanda a la aseguradora es en virtud de la denominada acción directa del perjudicado a la que ya nos hemos referido.
  • En los casos de la sanidad privada la responsabilidad nace de una relación contractual entre el paciente y el prestador de los servicios sanitarios a la que es aplicable la normativa protectora de consumidores y usuarios.

¿Cuáles son los plazos de prescripción para reclamar una negligencia médica?

El plazo de prescripción para reclamar por una negligencia médica ante la sanidad privada es de cinco años (tras la reforma en 2015 del art. 1964 del Código Civil) a contar desde el momento en que el perjudicado tiene un conocimiento completo del daño que se le ha causado, sin embargo, si quiere hacerse uso de la acción directa el plazo es mucho más breve, de un año, y también a contar desde que se tiene un conocimiento total del daño.

Somos abogados expertos en reclamaciones por negligencias médicas

En Toro Pujol Abogados contamos con una amplia experiencia en las reclamaciones por negligencias médicas producidas tanto en el ámbito de la sanidad pública como de la privada con un alto nivel de sentencias favorables dictadas por los Tribunales civiles.

A la hora de denunciar una negligencia médica, realizamos siempre una previa reclamación extrajudicial a los efectos de poder llegar a un acuerdo amistoso que evite incertidumbres y largas esperas. No obstante, cuando no es posible, nos inclinamos por la vía civil (salvo supuestos muy excepcionales que se siguen por la vía penal) por ser un procedimiento más ágil -dentro de que todo proceso judicial suele ser largo por la sobrecarga de asuntos de nuestros tribunales- y por estar los jueces más formados en materia de responsabilidad por daños.

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